Cantabria 15-10-2018
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es el organismo encargado de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva y de una regulación eficiente en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios.
Formalmente, la CNMC es un organismo público con personalidad jurídica propia, está adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad, tiene plena capacidad pública y privada. Es formalmente independiente del Gobierno y está sometido al control parlamentario y judicial. Se financia a través de los Presupuestos Generales del Estado español, entró en funcionamiento el 7 de octubre de 2013.
Sus funciones son la aplicación de la normativa de defensa de la competencia, española y de la UE, relativas a:
· Conductas restrictivas a la competencia: detección de cárteles, denuncias de confabulaciones entre empresas en perjuicio del mercado y del consumidor, abusos de posición de dominio.
· Control de concentraciones empresariales.
Supervisión y control de todos los sectores económicos, además de asumir las funciones de regulador independiente previstas por las Directivas europeas en los siguientes sectores económicos:
· Energía.
· Comunicaciones electrónicas y audiovisual
· Ferroviario y tarifas aeroportuarias
· Mercado postal
Promoción de la competencia:
· Elaboración de estudios e informes sectoriales para favorecer la competencia con propuestas de cambios de normativa, para que haya más competencia y la regulación sea más eficiente.
· Informes de proyectos normativos a petición del Gobierno: leyes, reales decretos, órdenes ministeriales.
· Elaboración de guías para promocionar y fomentar la competencia y la mejora de la regulación.
· Utilización de la legitimación activa para remover obstáculos a la competencia efectiva o a la regulación eficiente acudiendo a los tribunales.
· Resolución de conflictos entre operadores económico.
Últimamente la CNMC viene supervisando y tratando de controlar la negociación colectiva de ciertos sectores de carácter estratégico, como el portuario en relación a los estibadores y su regulación laboral y social.
En SCAT no podemos estar de acuerdo con que la CNMC actúe como elemento de tutela y distorsionador del derecho a la negociación colectiva, tratando de impedir o cuestionar acuerdos entre los agentes sociales, porque entre otras razones de peso, la negociación colectiva es un buen instrumento de equidad e igualdad de condiciones en los mercados, y porque, la negociación colectiva y la autonomía de las partes, y el Derecho del Principio de Legalidad quedan reflejados en la redacción de los convenios colectivos que son verificados y aprobados por la Autoridad Laboral, que son quienes tienen las funciones y competencias para echar atrás un convenio colectivo que no cumpla con la legalidad vigente.
La CNMV, tampoco es competente, ni tiene legitimidad, para actuar en su propio nombre y decidir si un convenio colectivo se ajusta o no a la legalidad, no es su cometido cuestionar tal asunto. El suyo es, guardar la equidad y transparencia en los mercados, en absoluto dirimir sobre cuestiones de carácter laboral y social.
Por ello, SCAT considera que el Presidente y los miembros del Consejo (órgano directivo del (CNMC) se han extralimitado en sus funciones, con exceso de celo en relación al conflicto, no resuelto, de los trabajadores estibadores portuarios, por interferirse y plantear cuestiones que ni son de su competencia, ni tienen capacidad legal para actuar en contra de acuerdos suscritos entre agentes sociales con representatividad acreditada, como lo ha hecho en Vigo.
La CNMC no es un órgano judicial, tampoco es Autoridad Laboral, no tiene ni unas competencias ni las otras; ni son parte activa y legitimada del conflicto; ni son competentes para dirimir si se vulnera el Principio de Legalidad en los convenios colectivos. Para eso, existen otros órganos y organismos de las Administraciones Públicas quienes sí tienen esas capacidades y funciones, y hasta la fecha, ninguna ha dicho, ni corregido convenio colectivo alguno de los trabajadores estibadores portuarios.
El presidente y los miembros del Consejo de la CNMC están haciendo política activa desde posiciones ideológicas ultraliberales, las cuales, sólo pudieran llevarse a cabo vulnerando derechos constitucionales cuestionando el Derecho a la negociación colectiva y convertirla en “papel mojado”, hecho, que sólo beneficia a multinacionales, especuladores, y a una de las partes en litigio, y no son los trabajadores estibadores portuarios.
SCAT considera que siendo la CNMC un organismo público, su presidente, debiera explicar y responder ante el gobierno y el parlamento del Estado español por esa intromisión, y si fuese necesario, hacer que cese en su cargo, junto con todo su equipo directivo del Consejo de la CNMC, para tratar de buscar el camino más idóneo para concluir el conflicto de los trabajadores estibadores portuarios.