LA DIVISIÓN DE LAS EMPRESAS, LA SITUACIÓN DE ALGUNAS SAGEP Y LA DEMORA EN EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DEL REAL DECRETO DE LA ESTIBA MARCAN LAS NEGOCIACIONES

b3b6599a15a74721adbecf8b011b610fgif Santander 15-11-2017

 Casi todas las instancias legales nacionales y europeas tienen algo que decir sobre la reforma del régimen laboral de la estiba portuaria, un tema polémico que lleva ya demasiado tiempo coleando y al que, sin embargo, aún le queda recorrido para llegar a término. 

 Cierto es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha abierto expediente sancionador y apunta, según ellos, a que podrían existir circunstancias que limitan gravemente la competencia en este sector, pero la CNMC aún tiene un plazo de un año y medio para decidir finalmente si se han producido estos comportamientos contrarios a la competencia y, llegado el caso, fijar sanciones como ya hizo en el pasado. 

 Pese a esta circunstancia, algunos expertos del ámbito portuario apuntan a que la CNMC ha abierto este expediente con el fin claro de mandar una señal inequívoca para que empresas y estibadores se atengan a las reglas del juego (del mercado y liberalismo más extremo) de cara a la negociación del nuevo Acuerdo Marco, especialmente en los puntos relacionados con la subrogación de trabajadores y las condiciones de acceso a la profesión de estibador. Se trataría, por tanto, de mandar una advertencia a los interlocutores. 

 Lo cierto es que las negociaciones han sufrido un frenazo debido a lo anteriormente expuesto, así como por la demora en el desarrollo reglamentario del Real Decreto de reforma del régimen laboral de la estiba. 

 Por lo que respecta a este último punto, el borrador de norma de desarrollo se encuentra en manos de la Secretaría Técnica del Ministerio de Fomento, que está recibiendo las opiniones de los diferentes Ministerios involucrados, así como de la Comisión Europea, que también está muy pendiente de cómo se va a plantear el desarrollo reglamentario del régimen de la estiba, antes de su envío al Consejo de Estado para su dictamen final.