Santander 17-06-2022
Los trabajadores del servicio público de la OLA de Santander, gestionado por la empresa adjudicataria DORNIER, llevan siete años sin subida salarial alguna, con una pérdida del poder adquisitivo de más del 17 %.
La empresa, en su negativa a revisar los salarios de los trabajadores, lo justifica en que no ha existido tal pérdida “puesto que existe el complemento de antigüedad”, como si este complemento de carácter personal absorbiera tal pérdida de poder adquisitivo o como si los trabajadores tuvieran un salario diferente haciendo las mismas funciones por las que se les contrata. Un débil argumento, que evidencia escasa o nula voluntad de negociar un acuerdo salarial, qué en justicia, consideramos necesario.
No obstante, SCAT no se conforma con una simple revisión salarial para este año. consideramos necesario negociar las subidas salariales mediante revisiones anuales en función del IPC real en cada año de vigencia que demos a la prórroga o a un nuevo convenio colectivo.
Así mismo, no podemos estar conformes, porque seríamos cómplices de una más que posible regulación encubierta del servicio OLA de Santander llevada en estos últimos años con despidos, algunos cuantos pactados reduciendo la plantilla de una forma sustancial y muy significativa (aproximadamente, una cuarta parte). Desconocemos a día de hoy, si el Ayuntamiento tiene conocimiento de ello, como procede según las condiciones administrativas y técnicas de los pliegos de la adjudicación del servicio, y si aquel ha realizado alguna acción para proceder a hacer cumplir las necesidades de plantilla establecida en el mismo o como ha se pretendido en otros servicios adjudicados el Ayuntamiento se haya prestado o no a que exista esa reducción de plantilla, siendo cómplices o partícipes de la empresa adjudicataria en esos hechos.
La empresa, y mucho menos el Ayuntamiento como organismo público, ni pueden ni deben alegar para negar revisiones salariales a las tablas pactadas que se haga la negociación colectiva después de la nueva licitación del servicio OLA de Santander, dado que precisamente, el disponer del coste salarial anual del servicio favorece para proceder al cálculo real del coste del servicio OLA y, describirlos en los futuros pliegos de condiciones técnicas y administrativas de la próxima licitación de ese servicio municipal; además, porque así lo dispone la Ley de Contratos del sector Publico para este tipo de licitaciones de servicios de las administraciones públicas. Es decir, el Ayuntamiento tiene deber legal (entre otras cuestiones) de tener en cuenta la masa salarial de los trabajadores del servicio OLA para valorar el coste del servicio.
Pero, además, ni la empresa ni el Ayuntamiento pueden alegar o argumentar en favor de una reducción tan sustancial de plantilla en el servicio, máxime teniendo en cuenta la ampliación del servicio OLA de Santander desde que se adjudicó a la empresa DORNIER. No podemos entender cómo es posible ampliar zonas y reducir plantilla amortizando puestos de trabajo y, todavía menos, que el Ayuntamiento no se dé por enterado, ni realice acción alguna en la defensa del Pliego de condiciones técnicas y administrativas de la licitación por la que DORNIER fue la empresa adjudicataria.
En consecuencia, SCAT requiere también un incremento proporcional de lo que queda de plantilla al incremento de zonas OLA en Santander.
En definitiva, sin entrar en más consideraciones (que existen) SCAT demanda a la empresa DORNIER que se siente a negociar única y exclusivamente subida salarial en base al IPC real de cada año de vigencia que ambas partes a través de negociación colectiva demos a la prórroga de un convenio que no tiene subida alguna desde el año 2015; así mismo, se disponga a negociar la plantilla necesaria para cubrir la vigilancia del servicio municipal de la OLA en Santander actualmente vigente y prever posibles ampliaciones del mismo.